El Jurado Provincial de Expropiación falló el pasado mes de diciembre a favor de una demanda presentada por la Unió de Llauradors en la que se denunciaba el precio con el que la empresa a la que la Generalitat concedió el proyecto de ampliación de la CV-35, Autovía del Turia (Atursa), había valorado los terrenos de unos 150 propietarios afectados por las obras.
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