Levante: Camps se justifica por su confesión de amistad con el juez que preside la sala que llevará el caso

Pública fue su confesión de amistad con el presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, en la toma de posesión de la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, el 19 de septiembre de 2008, y pública, ante el pleno de las Corts, fue ayer su justificación de aquellas palabras que, meses después, pueden meter en un embrollo a De la Rúa. Entonces, el presidente Camps desveló que su relación con el titular del TSJ era más que amistad y que habría que «buscar en el diccionario la palabra que defina esta leal, íntima y sentida colaboración». Ayer, Camps -antes de conocerse el auto de Garzón- explicó que cuando hizo este gesto de amistad con De la Rúa era un momento en el que en algunas comunidades autónomas se estaba reclamando la «ruptura del poder judicial», de manera que «la instancia última de la justicia terminase en el ámbito autonómico».

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El Pais: La investigación apunta a la supuesta financiación ilegal del PP valenciano

La investigación del juez Baltasar Garzón y de la Fiscalía Anticorrupción apunta a una supuesta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana a través de la trama corrupta de empresas liderada por Francisco Correa.

Este grupo empresarial «se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de la calle de Génova y que convirtieron a su empresa, Special Events, en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política», según el relato de Garzón. «Durante ese tiempo, 1996 a 2004, Correa desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que o bien le concedían la organización de eventos merced a su posición dentro del partido o bien, una vez que obtenían un cargo público, facilitaban la entrada de las empresas de Francisco Correa en la Administración que gobernaban».

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El Pais: Cotino no aclara si se abstiene en asuntos que benefician a su familia

Juan Cotino, vicepresidente tercero y consejero de Bienestar Social, defendió ayer «con la cara bien alta» la participación de su familia en 20 de las 52 residencias para mayores que tienen garantizada más de un tercio de su ocupación con plazas subvencionadas por la Generalitat. Cotino compareció ante la comisión de Política Social de las Cortes para informar sobre un acuerdo del Consell de enero de 2008 que modificaba las condiciones del Plan Gerontológico diseñado por Rafael Blasco, responsable de Bienestar Social en 2001. La empresa Sedesa, de la familia de Cotino, controla el 38,7% de Gerocentros, una empresa que explota 22 residencias en la Comunidad Valenciana, 20 de ellas, concertadas con la Generalitat.

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El País: Presidencia se conjuró con la Volvo Ocean para ocultar las cláusulas del contrato

La Generalitat contrata con opacidad. La Sociedad para la Imagen Estratégica y Promocional de la Generalitat suscribió en julio de 2006 con la Volvo Event Manegement -propietaria de los derechos de la regata de la vuelta al mundo- un contrato confidencial donde se estipulaban las condiciones para que la Volvo Ocean Race saliera en octubre del año pasado del puerto de Alicante. Entre los documentos entregados la pasada semana por el Consell -dos años después de que lo solicitara el Grupo Socialista en las Cortes- no está el contrato suscrito por la sociedad de la Generalitat y la dueña de los derechos de la regata.

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La finca de Castellano y la esposa de Taroncher alberga un ‘parany’

Serafín Castellano, consejero de Gobernación y responsable de seguridad ciudadana en la Comunidad Valenciana, presume de su amistad con José Miguel Pérez Taroncher. La esposa de Castellano, Nuria Rioja, con la que el consejero comparte bienes gananciales, y la esposa de Taroncher, María Ángeles González, comparten la propiedad de una finca en el término municipal de Llíria desde abril de 2008 sobre cuya superficie se levanta un parany en perfectas condiciones de uso. El parany es un arte de caza declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en 2002 y por el Tribunal Supremo en 2005.

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