Levante: Camps se justifica por su confesión de amistad con el juez que preside la sala que llevará el caso

Pública fue su confesión de amistad con el presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, en la toma de posesión de la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, el 19 de septiembre de 2008, y pública, ante el pleno de las Corts, fue ayer su justificación de aquellas palabras que, meses después, pueden meter en un embrollo a De la Rúa. Entonces, el presidente Camps desveló que su relación con el titular del TSJ era más que amistad y que habría que “buscar en el diccionario la palabra que defina esta leal, íntima y sentida colaboración”. Ayer, Camps -antes de conocerse el auto de Garzón- explicó que cuando hizo este gesto de amistad con De la Rúa era un momento en el que en algunas comunidades autónomas se estaba reclamando la “ruptura del poder judicial”, de manera que “la instancia última de la justicia terminase en el ámbito autonómico”.

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El Pais: La investigación apunta a la supuesta financiación ilegal del PP valenciano

La investigación del juez Baltasar Garzón y de la Fiscalía Anticorrupción apunta a una supuesta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana a través de la trama corrupta de empresas liderada por Francisco Correa.

Este grupo empresarial “se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de la calle de Génova y que convirtieron a su empresa, Special Events, en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política”, según el relato de Garzón. “Durante ese tiempo, 1996 a 2004, Correa desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que o bien le concedían la organización de eventos merced a su posición dentro del partido o bien, una vez que obtenían un cargo público, facilitaban la entrada de las empresas de Francisco Correa en la Administración que gobernaban”.

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El País: El Consell adjudicó sin concurso una obra de 8 millones en Vila-real

La Generalitat Valenciana, a través de la sociedad pública Ciegsa, adjudicó sin concurso público la segunda fase de construcción de un centro de tecnificación deportiva por 8,2 millones de euros. El volumen de la adjudicación no sólo exigía que se convocara un concurso público al que pudieran acceder todas las empresas interesadas, sino que, además, exigía su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, donde tampoco se anunció el proyecto, tal como manda la ley.

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