El Pais: La investigación apunta a la supuesta financiación ilegal del PP valenciano

La investigación del juez Baltasar Garzón y de la Fiscalía Anticorrupción apunta a una supuesta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana a través de la trama corrupta de empresas liderada por Francisco Correa.

Este grupo empresarial «se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de la calle de Génova y que convirtieron a su empresa, Special Events, en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política», según el relato de Garzón. «Durante ese tiempo, 1996 a 2004, Correa desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que o bien le concedían la organización de eventos merced a su posición dentro del partido o bien, una vez que obtenían un cargo público, facilitaban la entrada de las empresas de Francisco Correa en la Administración que gobernaban».

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El País: El Consell adjudicó sin concurso una obra de 8 millones en Vila-real

La Generalitat Valenciana, a través de la sociedad pública Ciegsa, adjudicó sin concurso público la segunda fase de construcción de un centro de tecnificación deportiva por 8,2 millones de euros. El volumen de la adjudicación no sólo exigía que se convocara un concurso público al que pudieran acceder todas las empresas interesadas, sino que, además, exigía su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, donde tampoco se anunció el proyecto, tal como manda la ley.

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El Pais: Cotino no aclara si se abstiene en asuntos que benefician a su familia

Juan Cotino, vicepresidente tercero y consejero de Bienestar Social, defendió ayer «con la cara bien alta» la participación de su familia en 20 de las 52 residencias para mayores que tienen garantizada más de un tercio de su ocupación con plazas subvencionadas por la Generalitat. Cotino compareció ante la comisión de Política Social de las Cortes para informar sobre un acuerdo del Consell de enero de 2008 que modificaba las condiciones del Plan Gerontológico diseñado por Rafael Blasco, responsable de Bienestar Social en 2001. La empresa Sedesa, de la familia de Cotino, controla el 38,7% de Gerocentros, una empresa que explota 22 residencias en la Comunidad Valenciana, 20 de ellas, concertadas con la Generalitat.

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El País: Presidencia se conjuró con la Volvo Ocean para ocultar las cláusulas del contrato

La Generalitat contrata con opacidad. La Sociedad para la Imagen Estratégica y Promocional de la Generalitat suscribió en julio de 2006 con la Volvo Event Manegement -propietaria de los derechos de la regata de la vuelta al mundo- un contrato confidencial donde se estipulaban las condiciones para que la Volvo Ocean Race saliera en octubre del año pasado del puerto de Alicante. Entre los documentos entregados la pasada semana por el Consell -dos años después de que lo solicitara el Grupo Socialista en las Cortes- no está el contrato suscrito por la sociedad de la Generalitat y la dueña de los derechos de la regata.

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Levante EMV: Justicia admite que el hijo de Font de Mora no concursó y que cobra 43.000 euros al año

La Generalitat ha confirmado que la contratación de Jaime Font de Mora Rullán, hijo del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, en la Ciudad de la Justicia de Castelló se hizo sin que mediara un concurso público abierto a otros aspirantes. Jaime Font de Mora cobra más de 43.000 euros al año, unos emolumentos correspondientes a los de un funcionario de clase A.
En una respuesta parlamentaria por escrito, la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, explica los pormenores del polémico fichaje del hijo de Alejandro Font de Mora. Según justifica, la plaza de jefe de sección de gestión interna de la Ciudad de la Justicia de Castelló se creó por resolución de 16 de mayo de 2007, después de la publicación del último concurso de méritos, «por lo que este puesto no pudo ser incluido en el mencionado concurso». De manera que se habilitó un cargo en comisión de servicios que, desde el pasado 20 de mayo, ostenta de forma provisional Jaime Font de Mora Rullán, funcionario de carrera y miembro titular del cuerpo de secretarios judiciales.

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