El Defensor del Pueblo anunció ayer la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la disposición que introduce el silencio administrativo negativo para resolver las solicitudes para las ayudas a la dependencia. El PP cambió la ley a través de una enmienda a la ley de presupuestos de 2008, ahora cuestionada. El objetivo era hacer frente a la avalancha de peticiones que la Conselleria de Bienestar Social no había resuelto.
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